Solo una Nueva Constitución Política podrá salvar al Perú 🇵🇪

Lee la columna de Jorge Paredes Terry y su explicación por qué el Perú necesita una nueva constitución para poder ser salvado de la situación actual


Escribe:Jorge Paredes Terry. El covid-19 puso en cuarentena al neoliberalismo y en cuidados intensivos a los capitalistas salvajes, países como Alemania, Francia, Italia e Inglaterra entre otros, inclaudicables en sus posturas pro capitalistas han iniciado una serie de reformas profundas en lo político, económico y social, el salvataje de las empresas privadas vía la compra de acciones convierten a estos gobiernos y a algunas de sus corporaciones en socios estratégicos.

A partir de la fecha nacen los estados empresarios, algo impensable solo el año 2019.
Por estos lares, Chile, el país modelo y niña mimada del consenso de Washington acaba de aprobar el cambio constitucional y se aprestan a debatir una nueva carta magna.

En nuestro golpeado país ultraortodoxo en lo económico desde la implantación de la Constitución delincuencial de Fujimori de 1993, está pasando algo curioso, tal vez no analizado por la gran prensa y opinologos de diversas corrientes, pero sí por los luchadores sociales.

Los capitalistas salvajes peruanos que hasta hace 4 meses exigían a gritos la eliminación de todo lo que oliera a estado fueron los primeros en estirar la mano y ponerse en cola para recibir el apoyo de la reactivación económica del gobierno, lograron que sus bancos usureros repartiesen los millones para sus asociados, mientras las micro empresas formales e informales se iban a la ruina. Los que se creen dueños del Perú no perdían ocasión para exigir la eliminación del control público e implantar el neoliberalismo puro y duro, el mercado se regula solo decían, la economía social de mercado nos ha traído la felicidad pregonaban.

Pero probaron de su propia medicina, tenían dinero y no servía, no había camas en los hospitales, el sistema de salud que privatizaron estaba colapsado, los hospitales públicos desabastecidos y sus instalaciones y equipos con deficiencias históricas no se daban abasto, sus clínicas no los recibían sin adelanto previo de 60, 70 o hasta 100 mil soles como garantía y las medicinas los pagaban con un 1000% de sobrecosto, sus contactos y relaciones no alcanzaban para conseguir un balón de oxígeno, tenían que hacer cola, como todo mortal.

Los productos médicos se agotaron a causa del monopolio que ayudaron a implantar, literalmente morían por falta de aire y medicinas, muchos optaron por lo más fácil para evitar la quiebra de sus empresas, apoyados en las leyes de su constitución, despidieron trabajadores, mediante el tecnicismo de la suspensión perfecta, dejando en la calle a millones de peruanos sin derecho a reclamo ni beneficios.

LA MADRE DEL PROBLEMA ES LA CONSTITUCIÓN

Debemos ser claros y contundentes acá, la Constitución de 1993 fue un simple instrumento jurídico y político destinado a legitimar el golpe de Estado del 5 de abril de 1993 consolidando la dictadura de Alberto Fujimori.
Mucho se ha hablado sobre el proceso de implantación de la carta magna de 1993, se conoce que la ciudadanía no exigió un proceso constituyente ni el nacimiento de una nueva Carta, gran parte de ella estuvo desinformada de los alcances de las normas que estaban siendo aprobadas; tampoco existieron canales efectivos para la discusión e incorporación de sus propuestas. Ello determinó la ausencia de un “clima constituyente”. La posibilidad de formar conciencia ciudadana respecto al contenido del texto fue limitada.

La forma cómo se reguló el referéndum, realizado el 31 de octubre de 1993, y el modo en que se condujo la campaña electoral estuvieron destinados a favorecer al gobierno. El principio de neutralidad fue vulnerado. Ello, además, contribuyó a una marcada polarización entre quienes estaban a favor de la propuesta oficial y quienes desde distintos sectores e ideologías la cuestionaban.

REFORMA O CAMBIO DE LA CONSTITUCIÓN

Luego de la caída del régimen fujimontesinista y a lo largo de todos los períodos democráticos se discutió bastante sobre la posibilidad de retornar a la Constitución de 1979, llamar a un Referéndum para una nueva Asamblea Constituyente y otros sugerían reformar algunos capítulos específicos de la Constitución, esta última propuesta generó mayor consenso.
Las diversas comisiones que se formaron para las reformas subsiguientes sometieron una serie de propuestas a discusiones eternas y el resultado fueron simples maquillajes que sólo sirvieron para consolidar el modelo capitalista.

NUEVAS VOCES POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

CERRÓN Y ALCÁNTARA, LA DUPLA QUE SE LAS TRAE

Una de las pocas ocasiones en las que la fuerza de la democracia surtió efecto fue con la aprobación vía referéndum de la devolución de los aportes del FONAVI, tarea titánica emprendedida por miles de exaportantes liderados por los hermanos Alcántara, el gobierno tuvo que acatar, triunfo histórico para el pueblo organizado.

Si ya les funcionó una vez, ¿por qué no podrían hacerlo nuevamente?

Democracia Directa y Perú Libre, dos organizaciones políticas con inscripción vigente y con bases en todo el país, han dado un paso trascendental, se juntan para formar la Alianza Nueva Constitución vía Referéndum, en recientes declaraciones a un medio local, alegan que la actual Carta Magna recoge derechos fundamentales, pero solo tienen carácter declarativo. Cuestionaron que la salud y la educación sean consideradas como un servicio y no como un derecho. Además, rechazaron que el documento político reconozca la iniciativa privada y restrinja la iniciativa estatal, limitando al Estado a tener un papel promotor.

Contundente propuesta si viene de una organización que ya le paró el macho al sistema y de un partido como Perú Libre que ganó dos veces el gobierno regional de Junín y participó en las últimas elecciones congresales con candidatos en todo el país.

Hay que entender que la elaboración de una Constitución no es un tema de abogados solamente, sino de la población en su conjunto, el documento que debe regir debe tener el mayor respaldo ciudadano vía la mayor y más amplia participación.

DEL SENO DE ACCIÓN POPULAR NACE OTRA PROPUESTA

Tengo el placer de conocer a Orlando Arapa Congresista por Acción Popular, conversamos mucho y compartimos ideas de cambio y transformación de la patria.

Arapa, representante de la región Puno, no se siente tan a gusto en Acción Popular, un espacio político tan conservador no es el escenario apropiado para presentar un Referéndum Constitucional le dije, pero a pesar de todo y sabiendo lo que se le venía, este Congresista valiente tuvo la tremenda osadía de presentar el Proyecto para la realización de un Referéndum para cambiar la Constitución, esto le valió el cuestionamiento de las vacas sagradas del partido de Belaunde, pero como me dice Orlando, esto no le quita el sueño, ya que el proyecto en mención ya se encuentra en comisión y en espera del dictamen y debate respectivo. Además hemos acordado convocar a un encuentro nacional para formar la «Coordinadora Nacional para una Nueva Constitución, Vía Referéndum» , tarea que nos llevará a caminar por todo el país y socializar los objetivos.

ARANA SE SUBE AL COCHE

La Bancada del Frente Amplio también se suma a la lista de organizaciones que creen que un llamado a Referendum para cambiar la Constitución el 2021 es posible, tal vez Arana lo haga para no perder piso político con la jugada maestra de Cerrón y Alcántara o quizá quiera quitarle protagonismo a Orlando Arapa y sus 5 correligionarios, lo que se puede deducir es que este tema marcará la agenda nacional muy pronto.

NUESTRO PUNTO DE VISTA

Sin el pueblo no se compromete con la necesidad de un cambio constitucional todas las ideas y propuestas caerán en saco roto.
Los fujiapristas, neoliberales, capitalistas salvajes, la CONFIEP, centristas, la embajada gringa, la pleyade de jurisconsultos de todo pelaje, acompañados de la orquesta mediatica conocida van a demoler cualquier posibilidad de discusión siquiera del llamado a Referendum, si se logra pasar el primer escollo, la campaña será otra tarea de gigantes, los voceros y voceras tendrán que contar con información suficiente y sustentada del por qué el país necesita una nueva Carta Magna, tal vez esta tarea debería ser la más importante ahora, aunado a la más amplia convocatoria desde los últimos rincones de la patria.

CONOCE A TU ENEMIGO

Para defender su constitución, los neoliberales van a incidir en sus «logros» macro económicos, el aumento de la inversión, la reincersión del país en el mundo y su mínimo riesgo país, la estabilidad fiscal será su mantra, traerán al recuerdo la gestión de Velasco y de García, dirán que la Constitución del 93 y su capítulo económico acabaron con los tiempos fáciles en los que el MEF usaba al BCRP como su prestatario de lujo de quien se podía conseguir crédito rápido y regalado, defenderan la autonomía de esta institución dominada por el FMI.
Dirán que el artículo 84 sobre el capítulo económico ha sido la “ley fiscal madre” que ha explicado la reducción radical del déficit fiscal y la deuda pública hasta conseguir que hoy tengamos la menor deuda pública como porcentaje del PBI en la región. Como resultado, el pago de intereses de la deuda pública se ha reducido del 9 por ciento del PBI en 1990 a solo uno por ciento en los últimos años, entre otras «bondades» que según sus defensores nos regalaron el país que hoy nos cobija.

PRIMACÍA DE LA REALIDAD

En Derecho laboral, este criterio protector significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.

Qué podemos decir en el terreno de los hechos sobre la aplicación del neoliberalismo criminal y el capitalismo salvaje vía la Constitución delincuencial de Fujimori?

El mejor aliado para los que creemos en un nuevo pacto social vía una Nueva Constitución es la tragedia que estamos pasando y pasaremos por la pandemia del coronavirus, basta con recordar los balones de oxígeno cuyos precios bordean los 6 mil soles, colegios privados que no sinceraron sus costos voluntariamente o no redujeron el monto de las pensiones que pagan los padres de familia, y clínicas privadas que, además de cobrar por pruebas que el Estado ofrece de manera gratuita, tienen tarifas exorbitantes para tratar a pacientes con COVID-19. Estas situaciones indican que la educación y la salud siguen siendo vistas como si se trataran de mercancías o productos suntuosos, incluso en tiempos de pandemia por el nuevo coronavirus que en su avance continúa dejando una estela de más contagios y muertes. En opinión del ministro Víctor Zamora, el Estado se encuentra atado de manos por la Constitución, sí, así como lo lee, lo dijo y lo volvió a repetir en otras ocasiones, es la Constitución la que nos llevó a esta desgracia, primacía de la realidad, simplemente.

La Constitución Política del Perú establece que el modelo económico que rige en el país se basa en una economía social de mercado, la cual permite la libre iniciativa privada pero también señala que las libertades económicas del mercado no deben causar perjuicios a los ciudadanos, como sucede en la actualidad durante la pandemia con los casos de excesos en los precios de productos para la salud que ofrecen centros privados. Entonces, ¿el Estado puede regular las tarifas en las clínicas privadas de un paciente con COVID-19 durante el estado de emergencia nacional y sanitaria? Pues parece que no, recuerde usted cuando Vizcarra quiso ponerse «fuerte» y «amenazó» a las clínicas privadas?

“No podemos esperar indefinidamente, así que vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo, y esperemos que así sea. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida, invocaremos al artículo 70 de la Constitución”, sentenció el Moqueguano. Le hicieron caso? No, Para nada.

Del 100% de clínicas solo el 30% aceptó la oferta del gobierno el resto esperó que Vizcarra invoque su artículo, porsupuesto que no lo iba a invocar, esta Constitución y sus artículados nacieron muertos.

TREN AL SUR, EL EJEMPLO CHILENO

Volviendo al criterio protector de la primacía de la realidad, el caso chileno tal vez es el más resaltante y que no deja dormir a los más acerrimos defensores del modelo económico peruano.
Chile ya tiene un acuerdo.

El acuerdo establece la realización de un referendo el próximo año, en el que los chilenos tendrán que decidir si quieren una nueva carta magna.

La consulta ciudadana se realizará en abril de 2020 y resolverá dos preguntas

En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución .
En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debería redactarla: una «convención mixta constitucional», compuesta en un 50% por parlamentarios y otro 50% por ciudadanos electos para la ocasión; o una «convención constitucional», en la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.

Si se redacta una nueva Constitución, esta sería sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.

«Una noche histórica»

«Es una noche histórica para Chile y para la democracia», dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar el acuerdo.

La actual Constitución chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente es uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre del año pasado.

Pero qué podemos aprender de la situación chilena los que optamos por un cambio de constitucion acá en nuestro país?
Primero, que la unidad de las fuerzas políticas y movimientos sociales tiene que ser férreo, fuera de cualquier dogmatismo ideologico subyacente, el primer objetivo es lograr que el Referéndum se dé, luego que se programe su ejecución, organizar los comités por el SI, preparar a los ciudadanos distrito por distrito, en todo el país, con mensajes claros y definidos, digeribles para un ciudadano que sale del terror de una pandemia y seguramente estará sumido en una crisis económica grave, pensemos en el sujeto a abordar, en sus necesidades y como el nuevo contrato social lo ayudará a salir de la situación en la que está y puede estarlo por mucho tiempo si no lo ayudamos.

Finalmente si seguimos el debate en Chile podemos sacar muy buenos ejemplos como la discusión sobre los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un «Estado subsidario» que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas, tal como ocurrió acá con nuestro «chinochet».

LA ECONÓMICA SOCIAL DE MERCADO Y SU INFLUENCIA RADICAL EN LA CONSTITUCIÓN DE FUJIMORI

Compatriotas, al enemigo debemos conocerlo, y combatirlo en su propio terreno, los defensores del modelo van a escudarse en las «bondades» de la economía social de mercado, conozcamos de qué se trata y en un próximo artículo analizaremos sus puntos débiles y como combatirlos, sólo los adelanto que estamos ante un ídolo con pies de barro.

La economía social de mercado es un sistema que defiende la libertad de la iniciativa privada. Sin embargo, al mismo tiempo, admite que el Estado tenga cierta intervención para asegurar el bienestar de la población.

Se puede entender que la economía social de mercado plantea una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. De ese modo, se trata de buscar crecimiento económico, pero también justicia y equidad.

Pilares de la economía social de mercado

Los pilares de la economía social de mercado son principalmente:

Propiedad privada: El Estado debe respetar y proteger los bienes de los privados.

Libertad de competencia: Los agentes de mercado deben ser libres de tomar sus propias decisiones de producción y/o consumo. Esto, al menos que se traten de bienes o servicios considerados de necesidad pública, donde se tendría que establecer una adecuada regulación.

Responsabilidad individual: Las personas y empresas pueden perseguir un beneficio económico, pero sin afectar el bien común. Es decir, una empresa no debería, por ejemplo, operar afectando el medioambiente sin hacerse cargo por las consecuencias.

Subsidiariedad: El Estado debe incentivar la producción o proveer aquellos bienes o servicios que se consideren esenciales para la comunidad y que no los estén ofreciendo los privados. Esto último puede ser el caso de los monopolios naturales, como el agua y la electricidad, donde los altos costes de inversión inicial desincentivan la entrada de competidores en localidades poco habitadas.

Estado no planificador: A diferencia de lo que propone la planificación central, el gobierno no debería determinar la asignación de los recursos, sino que debería hacerlo la oferta y demanda del mercado. Así, el gobierno solo debe actuar de forma subsidiaria.

El plan del capitalisto salvaje era entregarnos a la voracidad del mercado, al consumismo degradante y al deterioro cultural, con un estado débil y subyugado. La pandemia del coronavirus nos despertó y nos trajo a nuestra cruel realidad, nos enseñó que países con economías sociales de mercado fueron pasto del virus con millones de contagios y muertes, mientras otros países con liderazgo estatal e inversión real en sectores clave lograron minimizar los riesgos y salen a flote para liderar los cambios que el mundo necesita.
Un nuevo país es posible, hagámoslo juntos.


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