Congreso presenta acción para evitar revisión “exprés” de medida cautelar contra proceso de vacancia

El procurador Manuel Peña Tavera envió este miércoles un oficio al Tribunal Constitucional, resaltando que tiene hasta el 28 de setiembre para el análisis de este caso.


El procurador público de Defensa de los Asuntos Judiciales del Poder Legislativo, Manuel Peña Tavera, formuló una acción de oposición a la demanda competencial presentada por el Ejecutivo motivada por la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, para evitar que esta se revise, según sostuvo, “en forma exprés” en el pleno del Tribunal Constitucional (TC).

“Vengo a formular oposición a que la demanda competencial y la medida cautelar accionadas por el procurador público en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sean abruptamente conocidas y resueltas en forma exprés, sin ningún antecedente similar previo en el accionar del Tribunal Constitucional”, indica el oficio enviado este miércoles al TC al que El Comercio tuvo acceso.

El procurador resalta que el Tribunal Constitucional tiene hasta el 28 de setiembre para la análisis del caso, según el Código Procesal Constitucional. Menciona también que la declaración de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral está regulada en la Constitución Política y en el reglamento del Congreso y es “una potestad exclusiva y excluyente” de este poder del Estado.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) evaluará este jueves si admite la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra la moción y la medida cautelar que busca suspender el proceso de destitución contra Martín Vizcarra.

Esta mañana, a través de un comunicado, el tribunal detalló que la sesión empezará a las 9:30 a.m. y en ella la ponente del caso, Marianella Ledesma, presentará ante los otros magistrados la calificación de la demanda y la medida cautelar.

En ese contexto, el procurador del Congreso refiere que la demanda competencial presentada por el procurador del Minjus “no se centra tanto en la constitucionalidad y legalidad de la potestad del Congreso” para declarar la vacancia presidencial, sino más bien en la “evaluación que se solicita al supremo intérprete de la Constitución del contenido y alcance de la norma constitucional sobre la vacancia presidencial […] pretensión que, más allá de su discutible pertinencia en el marco de un proceso competencial, corresponde a una materia compleja” que trasciende lo regulado en la Constitución.

Sostiene también que amerita un examen detallado y exhaustivo de la argumentación del Poder Ejecutivo “para determinar tanto la admisión o no a trámite de la demanda competencial, cuanto el otorgamiento o no de la medida cautelar de suspensión del procedimiento de vacancia”.

Entre los argumentos, se agrega que se pretende “utilizar un eventual pronunciamiento favorable” del TC “para impedir el ejercicio de una potestad exclusiva y excluyente del Congreso”.

Finalmente, el procurador manifiesta que estando aún a 12 días de la fecha de vencimiento del plazo del TC para resolver sobre la admisibilidad de la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo, “no se entiende el trámite exprés que la Presidencia del Tribunal Constitucional le quiere impulsar a toda costa”.


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